SENTENCIA DEL T.S.A.
El TSA, presidido por Diógenes Villalona e integrado por Alina Mora y Evelyn Torres, tomó su decisión, tras acoger el amparo de cumplimiento, incoado por el Conep en contra de los Ministerios de Trabajo, de Industria y Comercio, de Defensa, de Interior y Policía, de Turismo, Oficina Técnica de Transporte Terrestre y la Policía Nacional.
Los jueces ordenaron a los órganos estatales afectados en la resolución que adopten “de manera inmediata” medidas de protección para que cualquier empresa pueda depositar y retirar sus mercancías de los distintos muelles y puertos del país.
La sentencia busca garantizar la libre competencia en todos los sectores económicos, para evitar prácticas anticompetitivas en el transporte turístico, para proteger a las personas físicas o morales y para supervisar a los agentes del orden que den protección y cumplan con sus deberes a cargo.
En el dispositivo de la sentencia se ordena al Ministerio de Trabajo velar porque no se establezcan monopolios en provecho de particulares en trabajos de carga o descarga de buques o naves de cualquier naturaleza en los distintos muelles y puertos del país.
Mientras que al Ministerio de Industria y Comercio, les ordena dictar y vigilar el cumplimiento de normas que garanticen la libre competencia y los niveles de precios, preservando en favor del mercado común, un régimen de competencia efectiva en el aspecto comercial del sector transporte de mercancías. En tanto que a la Oficina Técnica de Transporte Terrestre les ordenó a cumplir con la obligación de dictar y adoptar todas las medidas necesarias para la organización y control del transporte terrestre de pasajeros...para eliminar toda especie de práctica anticompetitiva. Mientras que al Ministerio de Turismo adoptar todas les medidas necesarias a los fines de evitar cualquier tipo de práctica anticompetitiva existente en el transporte terrestre de turistas con el propósito de tutelar la libre competencia en este sector.
De igual forma, al Ministerio de Defensa se les ordena cumplir con su deber de vigilar el cumplimiento de manera íntegra y efectiva por parte de los órganos encargados de la vigilancia del Estado, para asegurar a las personas físicas y morales el retiro, depósito y transporte terrestre de efectos y mercancías desde las aduanas y puertos del territorio nacional
Mientras al Ministerio de Interior y Policía garantizar que las personas físicas y morales al momento de utilizar los servicios de transporte de pasajeros en todo el territorio nacional así como realizar el retiro, depósito y transporte terrestre de efectos y mercancías desde las aduanas y puertos del país haciendo uso de vehículos de su propiedad o de particulares obtengan la protección debida.
En tanto que a la Policía Nacional crear los mecanismos que aseguren a esta institución cumplir con el deber de protección a las personas físicas o morales.
Lo que resulta es que desde hace tiempo el Estado tenia que tomar las riendas de hacer cumplir las leyes, a lo mejor pocos abogados sabian de este tipo de solicitud de ordenanza DE "AMPARO DE CUMPLIMIENTO".
Ya esta demostrado que un pais donde las leyes deben hacerse cumplir y no esperar que un sector que se sienta agraviado por la infuncionalidad de unos de los actores principales del Estado, que juega un papel muy preponderante en la vida social dominicana. Como lo es El Poder Judicial. Todo los auxiliarres de la justicia deberian actuar tan pronto existe algun desacuerdo con la ley, y no esperar que algun ciudadano someta o inicie una accion en justicia para que las cosas funcionen con manda la leyes.
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